El suspendido juez mendocino Otilio Romano ha declarado en Chile, país al que se fugó con la complicidad de otro ex juez, Luis Leiva, confeso amigo íntimo del sátrapa (¿usted sería amigo de Camps, por ejemplo, y lo andaría enarbolando como bandera?), que no sabe "de qué carajo" se lo acusa.
Habrá que recordarle que ese eufemismo usado groseramente por quien se supone un hombre de ley, esconde su verdadero significado: se lo acusa de haber participado, por acción u omisión de 107 delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar que asoló nuestro país entre 1976 y 1983. O sea, 107 carajos.
Uno de esos carajos, hay ciento seis más, es el caso de Alfredo Manrique, estudiante avanzado de Ciencias Económicas, de 23 años y Laura Terrera, maestra, de 21 años, quienes fueron secuestrados en la Terminal de Ómnibus de Mendoza el 25 de julio de 1977, cuando regresaban de visitar a la familia de ella, desde San Juan. En el procedimiento el Grupo de Tareas se llevó también a la hija de ambos, Rebeca Celina, de 8 meses de edad. Sus padres eran militantes de Montoneros del aparato de Prensa y Propaganda. Al momento de escribir estas letras, Laura y Alfredo son parte de los treinta mil desaparecidos argentinos, una marca identitaria del país del que venimos.
Merced al trabajo incesante del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH) de Mendoza, de sus abogados, Viviana Beigel y Pablo Salinas, y de la búsqueda interminable de su familia, Rebeca Celina conoció su verdadera identidad al someterse voluntariamente a pruebas de ADN en 2007 y hoy es la nieta recuperada N° 87.
30.000, 107, 87. Números del fango de la Historia convertidos en río de dignidad y vida.
Durante la búsqueda de la niña el hoy prófugo obstruyó y, finalmente archivó la investigación de su paradero. Gracias a las malditas leyes de Obediencia Debida y Punto Final, promovidas por el papá de Little Richard, la causa durmió lo que parecía ser un sueño eterno. Pero un viento nuevo, del sur, alumbró el camino.
El apuro del Consejo de la Magistratura, que trata de marchar al compás de los tiempos de cambio aunque lleva más de un año de impostura ética, determinó ya que Otilio, el cobarde, deje de percibir su sueldo mensual de más de 40 lucas, que se le designe defensor oficial, cargo que recayó en la abogada Fabiana León, y que sea encanado cuando se pueda. Es decir, si lo pescan y no se vuelve a escapar de Piñeralandia.
Evitemos más eufemismos. Otilio Ireneo Roque Romano no es cómplice de la dictadura. Es la dictadura.
El diccionario de la Real Academia de la Lengua de la madre patria que nos parió dice que se trata de una "persona de muchas pretensiones y poco mérito". Así define a un carcamán, definición que le queda chica al señor que nos debe justicia por, al menos, 107 carajos.
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